Por Rodrigo Valls Segura · Abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social · Socio director · Colegiado n.º 45.352 del ICAB
El Ministerio de Trabajo abrió a finales de enero de 2026 las negociaciones con agentes sociales (sindicatos y patronal) para definir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026, una de las cuestiones laborales más relevantes del año. Las conversaciones se centran no solo en la cuantía del aumento, sino también en si este debe tributar o no en el IRPF, un tema de particular relevancia para trabajadores de bajos ingresos.
Las partes —CEOE y Cepyme por parte empresarial, y CCOO y UGT por parte sindical— han mostrado posturas constructivas, aunque con diferencias sobre el porcentaje de subida. La propuesta del Gobierno plantea un incremento moderado que deberá ser consensuado con los agentes sociales para su aprobación definitiva.
Este debate se produce en un contexto en el que muchos sectores siguen reclamando una actualización del SMI que refleje mejor el aumento del coste de la vida y garantice un salario digno para los trabajadores con menores remuneraciones.
Además, la discusión incluye temáticas asociadas como la protección social, la tributación del SMI y la necesidad de equilibrar la competitividad empresarial con la protección del poder adquisitivo de los asalariados más vulnerables.
Sobre el autor: Rodrigo Valls Segura
Rodrigo Valls Segura es abogado especialista en Derecho Laboral & Seguridad Social y socio director de JDV Abogados. Miembro del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), con número de colegiación 45.352.
Este artículo tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento de un abogado. Cada caso es distinto: si tienes dudas, consúltanos.